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ACCIONES LEGALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

 ¿En qué casos recurrir a acciones legales en contra de instituciones educativas? ¿Ante que entidades? ¿Tiempos? ¿Mecanismos?

La educación es un derecho, que se ha instituido constitucionalmente como un servicio público que cumple una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Es por ello, que el Estado, en cabeza de sus instituciones y/o entidades, debe velar y garantizar el goce de ese derecho para todos los ciudadanos colombianos, sin distinción de ningún tipo.

No obstante lo anterior, las inconformidades presentadas por la ciudadanía, tanto en el ámbito universitario como en el colegial, son constantes, por lo que se hace necesario plantear cuáles son los inconvenientes más frecuentes y cómo actuar ante ellos.

Inconformidades en el ámbito universitario.

Las principales inconformidades presentadas en relación con las universidades, son las decisiones y gestión de los órganos de gobierno y dirección, así como el incremento excesivo en el costo de las matrículas. Se presentan también inconvenientes, en lo relativo a los procesos de evaluación e incluso con el otorgamiento de títulos académicos.

En este sentido, es importante, establecer, que, de acuerdo al art. 69 de la Constitución Política, las instituciones de educación superior gozan de autonomía universitaria, la cual les permite darse sus directivas y establecer sus propios estatutos, sin embargo, dicha autonomía no es ilimitada, pues debe regirse y ajustarse a lo que establece también la norma.

Es por ello, que todas las decisiones adoptadas por el gobierno escolar, debe ajustarse a lo que se establece en la Ley General de la Educación Superior y ante todo, a lo establecido en la Constitución para no afectar ni vulnerar derechos fundamentales de los estudiantes. Por otra parte, el incremento en el costo de las matrículas se encuentra sujeto al aumento del IPC y los estándares de calidad e infraestructura de la Institución.

Inconformidades en el ámbito de los colegios.

En cuanto a las Instituciones de Educación media y primaria, los principales inconvenientes para los padres de familia, se reflejan en los altos costos de las matrículas, las listas de útiles escolares y uniformes.

En este punto, es importante establecer que dichos costos deben regirse a lo que año, tras año, establezca mediante acto administrativo, el Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, el aumento en en costo de la matrícula, debe sujetarse a los estándares de calidad de la Institución Educativa, resultados de pruebas ICFES y certificación en ISO 9001. Por su parte, en cuanto a las listas de útiles y textos escolares o uniformes, establece la norma, que deben ser aprobados por el Consejo Superior y acorde al PEI – Proyecto Educativo Institucional del colegio. Sumado a ello, no pueden ser comercializados por la Institución Educativa.

Cómo proceder ante estas situaciones.

Atendiendo a que corresponde al Estado, garantizar el Derecho a la Educación, es el Ministerio de Educación la entidad encargada de vigilar, sancionar y corregir estas situaciones. Es por ello, que, para el caso de las universidades, el estudiante que se encuentre afectado por alguna de las situaciones antes anotadas, debe adelantar la respectiva petición o queja ante los estamentos universitarios, consejo superior, decanatura, comité de carrera o la que se haya designado en la institución, para efectos de buscar una solución.

Por su parte, en el caso de los colegios, los padres de familia o el alumno que considere vulnerado su derecho, puede remitir su queja, ante la Secretaría de Educación respectiva, con el fin de que sea subsanado su inconveniente.

Para los dos escenarios anteriores y en caso de no obtener solución o respuesta, se podrá acudir ante el Ministerio de Educación Nacional, para que esta cartera, realice el seguimiento pertinente mediante actuación administrativa y de ser el caso, se impongan las respectivas sanciones.

Finalmente, si con las actuaciones de estas instituciones se vulneran derechos fundamentales de los estudiantes, tales como el acceso a la educación, dignidad, petición, debido proceso, entre otros, es procedente adelantar acciones de tutela contra la Institución para perseguir la garantía de los derechos de los estudiantes, a través del juez de tutela, para lo cual, puede contar con el respaldo y asesoría de Derecho y Propiedad.